header image

LOS COLEGIOS DIFERENCIADOS POR SEXO EN ESTADOS UNIDOS: CONSTITUCIONALIDAD Y ACTUALIDAD

María Calvo Charro

2013-06-05
Educar e informar a toda la masa del pueblo… Se trata de la dependencia único seguro para la preservación de nuestra libertad

LOS COLEGIOS DIFERENCIADOS POR SEXO EN ESTADOS UNIDOS: CONSTITUCIONALIDAD Y ACTUALIDAD

María Calvo Charro

educacion estados unidos
"Educar e informar a toda la masa del pueblo… Se trata de la dependencia único seguro para la preservación de nuestra libertad" Tomas Jefferson

INTRODUCCIÓN

En los últimos años Estados Unidos ha experimentado el resurgir de la educación diferenciada por sexo con el apoyo de políticos de muy diferentes tendencias,educadores, padres, ciertos sectores feministas, así como asociaciones de defensa de los derechos de los afroamericanos y otras minorías. Esta tendencia, lenta pero implacable entre los colegios públicos, ha generado un encendido debate en ámbitos académicos, legales y políticos.

La educación diferenciada por sexo (single-sex o también denominada same gender education) es probablemente uno de los asuntos más actuales en la lucha por la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación pública norteamericana, como muestra la amplia literatura académica, científica y divulgativa que constantemente sale a la luz al respecto.

Mientras para sus defensores supone una oportunidad para mejorar la educación, elevar el nivel académico y reducir los problemas disciplinarios y de abandono escolar; para sus detractores este modelo educativo discrimina por razón de sexo, revive los fantasmas del pasado relacionados con la segregación y pone en peligro las batallas ganadas por los movimientos feministas en favor de la igualdad entre los sexos.

Pero la realidad es que no se trata de una vuelta al pasado. El modelo propuesto se opone de forma absoluta al tradicional y anticuado sistema escolar de roles separados, en el que se impartía una educación diferente a cada sexo mediante la separación física y curricular del proceso educativo de ambos grupos. La educación diferenciada moderna parte de la idea de que no hay asignados unos roles en la sociedad, sino que cada hombre y mujer debe tener las mismas oportunidades para poder optar con entera libertad por el papel que quieran desempeñar profesional y personalmente. Su objetivo es la igualdad de oportunidades, garantizar una posibilidad real para niños y niñas de alcanzar los mismos objetivos y metas en lo profesional y lo personal. Una escuela que considera que las diferencias entre los sexos son siempre enriquecedoras y que lo que hay que eliminar son las discriminaciones. Una escuela que tiene como objetivo la eliminación de estereotipos entre sexos, superando las desigualdades sociales y las jerarquías culturales entre hombres y mujeres. En estos momentos, los colegios públicos que ofrecen clases single-sex, a pesar de la fortísima presión ejercida en contra por la American Civil Liberties Union (ACLU), están creciendo exponencialmente como consecuencia de los excelentes resultados obtenidos.

La legislación norteamericana federal los motiva incentiva y apoya, con ciertas condiciones relativas a garantizar la igualdad de oportunidades entre los sexos y la libertad de elección de los padres del modelo educativo que consideren apropiado para sus hijos. Y en este marco, hasta el momento, el Tribunal Supremo no ha encontrado en estos centros tacha alguna de inconstitucionalidad.


REFERENCIA HISTÓRICA Y ACTUALIDAD DE LA EDUCACIÓN SINGLE-SEX EN EE.UU

En los Estados Unidos existe una tradición arraigada de colegios single-sex privados, tanto de niños, como de niñas, distinguidos por su excelencia académica y fuerte personalidad. Las escuelas para niñas adquirieron especial fuerza a principios del siglo XIX como centros escolares de ideología feminista cuya pretensión principal era impulsar la educación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres. Se trataba de centros pioneros, muy progresistas para su época, y claramente reivindicativos de una posición destacada para la mujer en un momento histórico en el que la cultura dominante les negaba el derecho a la igualdad.

Los colegios e institutos privados, masculinos y femeninos, siempre han estado permitidos por el ordenamiento jurídico norteamericano y continúan actualmente con gran implantación entre el sector más acomodado de la población norteamericana, sin que se cuestione en absoluto su legitimidad.

No ha sucedido lo mismo, sin embargo, con los colegios públicos o aquellos centros que reciben algún tipo de financiación pública —Charter School; Performance School y Contract School—. Estos, durante los años setenta, fueron progresivamente transformándose en centros mixtos, especialmente desde que, en 1972, bajo la presidencia de Nixon, y debido a la fuerte presión ejercida por el entonces emergente feminismo igualitarista, impulsado por los movimientos juveniles del 68, la Ley federal prohibió —en su Título IX— la discriminación por razón de sexo en los centros escolares sostenidos con fondos públicos.

A partir de los años ochenta, EEUU comenzó a sufrir una grave crisis educativa. En 1983, la Comisión Nacional para la Excelencia en Educación publicó un informe sobre la situación en el país denominado: «Una Nación en peligro». Este informe finalizaba con una cita de Paul Copperman que decía lo siguiente: «Cada generación de americanos ha sobrepasado a sus padres en educación, alfabetización y logros económicos. Pero por primera vez en la historia de nuestro país, las habilidades aprendidas en la escuela por una generación no serán sobrepasadas ni alcanzadas ni igualadas, ni siquiera se acercarán a las de los padres».

Muchas fueron las variables que se manejaron buscando una explicación para el considerable aumento del fracaso escolar, el absentismo y la violencia en los institutos: el nivel social; la pertenencia a minorías; la renta o el aumento de divorcios; fueron algunos de los datos tenidos en cuenta. Sin embargo, el factor sexual no se consideró determinante hasta los años 90, cuando, en relación con las niñas, la crisis educativa comenzó a hacerse patente. En estos años, la Asociación Americana de Mujeres Universitarias publicó el artículo: «Shortchanging Girls, Shortchanging America», en el que se describía cómo en las aulas mixtas la autoestima de las niñas caía bruscamente durante la pubertad, haciéndoles perder el incentivo hacia las carreras de matemáticas y ciencias; y cómo los profesores prestaban mayor atención a los muchachos, más movidos e indisciplinados, dejando a las niñas en un segundo plano.

Ya en 1982, la profesora de filosofía y psicología de Harvard, Carol Gilligan, con enorme influencia en la sociedad del momento, en especial en sectores feministas, en su libro, In a different voice, llamó la atención sobre la existencia de diferencias cognitivas entre niños y niñas. Según Gilligan, existen aspectos únicos a los que se enfrentan las adolescentes en su lucha por desarrollar un sentido de sí mismas y parece que la educación mixta desatiende estas necesidades específicas de las niñas. Los chicos dominan el espacio, los profesores centran su atención en ellos, más movidos e inquietos, y las chicas pierden la oportunidad de participar en clase. Las mujeres como grupo difieren de los hombres en su orientación básica hacia la vida; lo que resulta absolutamente legítimo y no debe ser menospreciado: «La adolescencia es un periodo muy importante en el desarrollo femenino, un momento en el que las chicas corren el peligro de anularse o desaparecer».

Esta caída pronunciada en el nivel académico generalizado provocó que en distritos escolares de más de una docena de Estados —Texas, Colorado, Michigan y Georgia, entre otros— se comenzaran a separar a alumnos y alumnas en algunas clases para mejorar los resultados y la convivencia. La mayoría de los cambios pretendían que las alumnas mejorasen en matemáticas y ciencias y que los chicos trabajasen con más orden y disciplina. Ciudades, como Nueva York y Chicago, en la década de los 90, abrieron centros femeninos de enseñanza secundaria con el fin de reducir la diferencia de resultados con los chicos en matemáticas, ciencias o tecnología. Un ejemplo emblemático lo constituye la Young Women’s Lidership Academy (YWLA), ubicada en East Harlem (106th Street; N.Y). Se trata de un colegio público sólo para niñas que, desde que comenzó su funcionamiento en 1996, consigue tasas de éxito del 100% frente a la media del 42%. Aunque el 90% de las alumnas procede de familias sin estudios (el 70% viven bajo el umbral de la pobreza), su acceso a la Universidad se ha convertido en una realidad habitual entre ellas.

En 1994, el Gobierno Federal aprobó la Gender Equity in Education Act, una norma que identificaba a las niñas como el principal grupo en desventaja en el ámbito educativo y cuyo objetivo primordial era favorecerlas en todos los sentidos, ignorando, sin embargo, las necesidades peculiares de los chicos, así como la grave crisis en la que los varones comenzaban a adentrarse en el ámbito escolar.

Respecto a los muchachos, la preocupación es mucho más reciente y tiene su origen en los datos reflejados por estadísticas y estudios que los sitúan ampliamente por detrás de las niñas en cuanto a resultados académicos y acceso a la universidad20. A principios de los 90, algunos distritos escolares, entre ellos Detroit y Nueva York, intentaron luchar contra los problemas de delincuencia y abandono escolar de los chicos por medio de la apertura de centros masculinos, algunos de los cuales fueron dotados con un programa de estudios especialmente enfocado hacia los varones afroamericanos.

A inicios del nuevo siglo el fracaso escolar y el bajo rendimiento académico comenzaban a estar generalizados en las escuelas públicas con cifras verdaderamente alarmantes. Lo que provocó que republicanos y demócratas aunaran sus esfuerzos en la búsqueda de una solución adecuada por medio de la aprobación, en diciembre de 2001, de una nueva ley federal, sancionada por el Presidente Bush el 8 de enero de 2002: No Child Behind Act. En cuya virtud se concedió a los padres y a los centros mayor flexibilidad para implementar experiencias novedosas («innovative assistance programs») que ayudasen de algún modo a mejorar la situación. Su pretensión principal era elevar el nivel en matemáticas y comprensión lectora hasta alcanzar los estándares federales impuestos para el año 2014.

La mayor autonomía de los centros públicos; la participación amplia de los padres en la gestión; la experimentación de modelos pedagógicos innovadores; la atención a las diferencias personales en el aprendizaje o los programas de financiación para estudiantes con escasos ingresos; fueron algunas de las novedades más destacables de esta Ley que concede enorme libertad a los Estados y Ayuntamientos en la gestión de sus centros escolares para la implantación de experiencias y programas innovadores (como las clases single-sex) y cuyo objetivo prioritario, según un portavoz de presidencia, es «ampliar las opciones de los padres».

En el año 2006, se llevó a cabo el desarrollo reglamentario de la No Child Behind Act, determinante para la implementación de experiencias single-sex en las escuelas públicas o que reciben algún tipo de financiación pública.

Ese mismo año, Doug Anglin, un joven de 17 años, en Milton, Massachusets, había presentado una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos, por entender que su Instituto —donde las niñas duplicaban a los muchachos en premio de estudios— violaba sus derechos civiles, discriminándole por el hecho de ser varón. Su caso no acabó residenciado ante los tribunales, pero sí obtuvo una enorme repercusión mediática, lo que provocó posteriormente el apoyo de congresistas y senadores, favoreciendo el cambio de la legislación.

En la actualidad, son muchos los centros públicos que están desarrollando con éxito este tipo de programas single-sex. Y la demanda de los padres sigue progresivamente en aumento.

No obstante, una de las mayores preocupaciones del Gobierno y la Administración sigue siendo la elevadísima concentración del fracaso escolar entre la población latina y afroamericana. Para dar solución a esta problemática, la Administración pública está destinado millones de dólares a financiar programas experimentales y a abrir nuevas líneas de investigación sobre los beneficios de la educación diferenciada en relación con las minorías y áreas socio-económicamente deprimidas.

En los últimos años, el crecimiento de los colegios e institutos públicos diferenciados en EEUU ha sido espectacular. En marzo de 2002, cuando se fundó la National Association Single Sex Public Asociation (NASSPE), solo una docena de centros públicos ofrecían educación diferenciada por sexo. Sin embargo, en 2009, tenían 1890 escuelas con algún tipo de educación diferenciada (sin contar las que separan para las clases de educación física o sexual, que son muchas más). Para el curso 2011-12 eran públicas al menos 506, y de entre éstas, unas 110 eran íntegramente escuelas single-sex (66 de chicas y 44 de chicos). Desde 2002, más de 400 escuelas públicas se han convertido total o parcialmente en single sex. En el sector privado, más del 5% son diferenciadas por sexo (3.719 colegios), la mayoría no pertenecientes a instituciones religiosas. Sólo en Carolina del Sur, por ejemplo, el 34% de las escuelas públicas tienen implantado este modelo con excelentes resultados, como muestran los estudios y estadísticas.

Desde que llegó Barack Obama a la Presidencia del Gobierno de los Estados Unidos, la educación diferenciada ha recibido un entusiasta impulso. La Administración pública está destinado millones de dólares a financiar programas experimentales en este ámbito y a abrir nuevas líneas de investigación. El Secretario de Educación, Arne Duncan, lleva años luchando por la implantación de este modelo educativo en las escuelas públicas, donde ha logrado la realización de experiencias absolutamente exitosas. Las nuevas escuelas diferenciadas reciben un apoyo variado, desde republicanos a demócratas, pasando por neofeministas e investigadores progresistas.

Sin embargo, también cuentan con detractores. Algunos grupos feministas, como la Feminist Majority Foundation y la National Organization for Women, creen que estos centros debilitan los resultados políticos a favor de la igualdad de la mujer obtenidos a lo largo de los últimos años del siglo XX.También los defensores a ultranza de la escuela pública, temen que la financiación de estos centros suponga un detrimento para la financiación de los centros mixtos estrictamente públicos.

Pero la oposición más radicalizada hacia este tipo de escuelas proviene de la Asociación Americana de Defensa de los Derechos Civiles (American Civil Liberties Union; ACLU). Algunos de sus miembros consideran que estos centros violan las prohibiciones constitucionales y federales contra la discriminación sexual en la enseñanza, en concreto el Título IX de la Ley federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo. En la última década, la ACLU ha puesto todo su empeño en eliminar cualquier experiencia single-sex en los colegios públicos o que reciben algún tipo de financiación pública. Desde Detroit y Milwaukee a Philadephia, Nueva York o Chicago, los miembros de esta organización han interpuesto distintos tipos de acciones legales en el intento de frenar una tendencia que parece imparable.


CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA EDUCACIÓN SINGLE SEX

1. Los colegios single-sex ¿discriminan por razón de sexo?
La enmienda XIV a la Constitución de los EEUU. «Equal protection clause» La primera cuestión a plantear jurídicamente sobre la educación diferenciada sería la de su posible carácter discriminatorio: si al separar a niños y niñas en aulas diferentes se está discriminando a alguno de los sexos, es decir, perjudicando a uno de ellos o menoscabando sus derechos.

En general, como nos recuerda Martínez López-Muñiz, no toda diferencia de trato a las personas da lugar a discriminación. Es doctrina clara y constante establecida por los Tribunales Constitucionales y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que una distinción será discriminatoria si carece de «justificación objetiva y razonable», si no persigue un «objetivo legítimo» o «si no existe relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo perseguido».

En el ámbito internacional, el art. 2 de la Convención de 1960 de la UNESCO sobre discriminación en la esfera de la educación, despeja cualquier posible duda al respecto, al disponer con claridad que no son discriminatorias: «La creación o mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que estos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente cualificado, así como de locales escolares y un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes».

Estados Unidos no ha ratificado este Tratado, sin embargo, como veremos más adelante, su jurisprudencia, sostiene un criterio muy similar al previsto en el art. 2 de la Convención citada.

Entender de forma generalizada y abstracta que la educación diferenciada es discriminatoria constituye una simplificación errónea de la realidad provocada por la confusión entre igualdad y uniformidad, más aún, entre igualdad e igualitarismo. La separación por sexo en las escuelas no es per se discriminatoria, en tanto en cuanto no se demuestre fehacientemente y con referencia a casos concretos que uno de los sexos resulta perjudicado o sus derechos menoscabados.

La enmienda XIV de la Constitución norteamericana consagra la igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos, sea cual sea su sexo, raza o clase: «Ningún estado… negará a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección igual de las leyes» («equal-protection scrutiny»).

El Tribunal Supremo norteamericano, hasta ahora, ha seguido distintos métodos de análisis de la constitucionalidad del trato diferenciado según se trate de diferenciación por raza, clase o sexo: 1) Con un escrutinio estricto, cuando se trata de discriminación por raza o nacionalidad. Solo se permite el trato desigual en estas ocasiones cuando el gobierno pueda demostrar que la segregación racial sirve a un interés prioritario del gobierno y que la separación está íntima y estrechamente relacionada con el mismo. 2) Con un escrutinio más flexible, cuando se juzga la constitucionalidad de la separación por sexo («separate but equal»).

a) Separación por raza en las escuelas públicas

A día de hoy el Tribunal Supremo ha encontrado justificación para flexibilizar el rígido escrutinio estricto relativo a la raza únicamente en tres ocasiones: 1) en un caso de la segunda guerra mundial que justificaba el internamiento de los japoneses americanos; 2) en un caso de 1980, justificando una cuota del 50% de empleados negros en el Departamento del Sheriff de Alabama; y 3) en 2003, cuando el Tribunal Supremo admitió una «affirmative action» interpuesta por la Universidad de Michigan sobre la política de admisión de alumnos. Salvo tales excepciones, el Tribunal Supremo considera que los alumnos resultan a priori perjudicados cuando se les separa por motivos raciales porque tal separación «provoca sentimientos de inferioridad… que pueden afectar a los estudiantes emocional y mentalmente de forma inadmisible». Y esto aunque las infraestructuras y medios proporcionados sean los mismos.

En esta línea, el TS ha considerado siempre ilegal e inconstitucional cualquier separación por motivos de raza en el ámbito escolar. En 1860, cuando comenzó la educación pública en EEUU, los colegios aplicaban la separación por raza en las escuelas de forma generalizada. Más tarde, en 1954, el Tribunal Supremo revisó la segregación racial en el caso Brown v. Board of Education of Topeka. Las circunstancias habían cambiado mucho después de la segunda guerra mundial cuando surgió una fuerte presión internacional para dar fin a la discriminación racial. También dentro de los EEUU se produjeron considerables movimientos de concienciación para reconciliar la política nacional con los principios básicos del país en materia de igualdad (Wolters, 2008). En los años 50 era evidente que la separación entre blancos y negros en las escuelas resultaba insostenible con argumentos de igualdad. Entonces el Tribunal Supremo aplicó la enmienda XIV de la Constitución al caso Brown argumentando que la doctrina «separados pero iguales» («separate but equal») no resultaba aplicable en el ámbito de la educación pública. Desde entonces y hasta la actualidad, la segregación racial en las escuelas e institutos públicos de los Estados Unidos está prohibida.

Esta decisión fue más ideológica que práctica en muchos sentidos. Mientras se prohibía expresamente la segregación racial en las escuelas, en muchos centros escolares los alumnos tendían a seguir separados y agruparse espontáneamente según el color de su piel. En estos casos, en los que la integración fracasaba de hecho, el Estado no podía obligar o forzar a la integración racial de los estudiantes (Wolters, 2008).

En la actualidad, aunque en teoría la segregación racial en las escuelas está prohibida, permanece de facto, dada la existencia de barrios enteros ocupados por minorías y, en consecuencia, los centros públicos ubicados en esas zonas están copados por latinos o alumnos de color. Sin embargo, no es una separación impuesta, sino debida a las circunstancias que rodean la configuración de las comunidades raciales en Estados Unidos.

b) Separación por sexo en las escuelas públicas
En relación con la separación por sexo en las aulas, han sido únicamente dos los casos resueltos por el Tribunal Supremo hasta ahora, aunque no referidos a colegios o institutos públicos estrictamente, sino a centros de formación militar o enseñanza profesional sostenidos con fondos públicos.

En el primero de ellos, en 1982, Mississippi University for Women v. Hogan, el TS consideró inconstitucional esta escuela universitaria de enfermería, fundada en 1884 y reservada a mujeres, al no encontrar un fundamento razonable que justificase la exclusión de hombres de la misma; afirmando que tal restricción al acceso masculino se basaba en estereotipos arcaicos y colaboraba a «perpetuar el estereotipo de considerar la enfermería como un trabajo exclusivamente femenino».

En este caso, sin embargo, el TS dejó abierta la posibilidad de centros de enseñanza single-sex siempre y cuando no sirvieran para promover roles obsoletos y anticuados sobre las diferentes habilidades de hombres y mujeres.

Catorce años más tarde, en el caso United States v. Virginia (1996), el TS nuevamente consideró inconstitucional la separación por sexo en un centro académico militar de Virginia en el que sólo se admitían hombres. «Las generalizaciones sobre cómo son las mujeres o lo que se estima apropiado para la mayoría de las mujeres, no justifica en absoluto la posibilidad de negar la oportunidad a aquellas cuyos talentos y capacidades las sitúen fuera de la generalidad, perpetuando así los estereotipos…».

En este caso, el TS concluyó que la Academia Militar de Virginia violaba la constitución («equal protection clause»), pero al mismo tiempo el alto tribunal ofreció tres soluciones para remediar la inconstitucionalidad: 1) admitir mujeres; 2) ofrecer a las mujeres formación equiparable en otro centro similar; y 3) transformarse en un centro estrictamente privado renunciando a todas las ayudas públicas (los centros privados pueden aplicar la separación por sexos sin que se cuestione su constitucionalidad).

Este supuesto se planteaba en un momento histórico-social muy diferente al del caso Mississippi University for Women v. Hogan. En los años 90, la educación diferenciada comenzaba a implantarse seriamente en centros escolares públicos con un amplio respaldo social y un apasionado apoyo de los dos principales partidos políticos, así como de la presidencia del Gobierno federal, que lejos de ver en la educación single-sex una violación de la clausula de igualdad ante la Ley, la considera precisamente el remedio o la garantía para el acceso a la educación en condiciones de igualdad de ciertas minorías desfavorecidas.

Paradójicamente, el mismo año en que se dictó la sentencia, 1996, con un amplísimo respaldo social y amparados por una fuerte campaña de apoyo por parte de periodistas y medios de difusión, se inauguró la escuela pública femenina Young Women’s Lidership Academy (YWLA) en Harlem; una oportunidad para niñas pobres de color de alcanzar una auténtica igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.

En este caso, la magistrada Ruth Bader Ginsburg —primera mujer que accedió al Tribunal Supremo, de talante liberal y conocida por su lucha contra la discriminación por sexos—, sabiendo la trascendencia que el supuesto podría tener para estas nuevas instituciones single sex, así como para otras más tradicionales (como la prestigiosa universidad de mujeres Wellesley college, en la que se formó Hillary Clinton) realizó una serie de matizaciones. Ginsburg, expresando la opinión de la mayoría del Tribunal, reconoció que, a diferencia de la raza, entre los sexos existen «diferencias inherentes» («…that are cause of celebration…»), «los sexos no son fungibles». Pero al mismo tiempo señaló que esas diferencias entre los sexos «…nunca deben ser utilizadas para crear o perpetuar estereotipos…o como en el pasado, la inferioridad de las mujeres», y afirmó que la separación por sexos puede estar justificada en ocasiones, como sucede con algunas escuelas públicas de niñas y jóvenes, siempre y cuando esté íntimamente unida («substantially related») a un importante interés del Gobierno («important governmental interest») que sirva de justificación razonable a tal separación («exceedingly presuasive justification») y siempre que se ofrezca al otro sexo un programa educativo substancialmente igual («substantially equall»), sin necesidad de que sea exactamente idéntico.

En definitiva, las decisiones deben ser adoptadas caso por caso, teniendo siempre presente que las diferenciaciones por sexo son válidas dentro de ciertas circunstancias y, en consecuencia, el modelo single-sex en las escuelas públicas o que reciben fondos públicos, puede ser plenamente legal, siempre que sirva, en palabras de Ginsburg, para: «disipar, en lugar de perpetuar, los tradicionales estereotipos de sexo…las diferencias existen, pero no pueden nunca ser utilizadas para crear obstáculos artificiales que dificulten la igualdad de oportunidades…Las diferenciaciones entre los sexos son admisibles en la medida en que permitan el desarrollo de las capacidades y talentos de los individuos de nuestra Nación…».

Y trayendo a colación la doctrina prevista en el caso Sweatt v. Painter (1950), el TS recordó que la igualdad debe medirse en función de elementos tangibles e intangibles, incluyendo las oportunidades curriculares y extracurriculares, la formación del profesorado, los fondos que reciben, el prestigio, los recursos bibliográficos y el apoyo dado al alumnado.

En el supuesto de la Academia Militar de Virginia, el problema no era que se reconocieran diferencias entre hombres y mujeres (que, como afirma Ginsburg, existen de hecho y son innegables) sino que se identificaban a priori las diferencias con desventajas (en este caso, incapacidad de la generalidad de las mujeres para superar el duro régimen aplicado en la academia masculina). La Academia alegaba que admitir a mujeres les supondría tener que rebajar el rigor y la exigencia para adaptarse a las características propias de la generalidad del sexo femenino, en detrimento de la dureza que caracterizaba su exitoso programa.

A diferencia de la separación por raza, el TS nunca ha considerado la separación por sexo en las escuelas públicas inconstitucional per se, siempre y cuando se ofrezca una opción de similares características al otro sexo (A.N.A. et al. v. Breckinridge County Board of Education (2011). Es decir, si se trata de un centro de niñas, los chicos deben poder ser igualmente atendidos en un centro escolar de chicos o mixto en las cercanías (United States v. Virginia, 518 U.S. 515, 533 n. 7 (1996). En tales circunstancias, el poder de los estados para crear clases single- sex resulta perfectamente admisible («We do not question Virginia’s prerogative evenhandedly to support diverse educational opportunities such as single sex schools».

El problema, tanto en el caso de Mississippi como en el Virginia, era precisamente la inexistencia de un centro público equivalente para el otro sexo («Mississippi maintains no other single-sex public university or college. Thus, we are not faced with the question of whether States can provide “separate but equal” undergraduate institutions for male and females.»).

En conclusión, si el centro diferenciado ayuda a disipar los estereotipos y además ofrece una opción alternativa equivalente al otro sexo (sin necesidad de que tal experiencia sea idéntica); la claúsula de igual protección de la enmienda XIV («Equal Protection Clause») resulta absolutamente respetada y tal separación será por lo tanto plenamente constitucional («Gender Separate can be Equal»).

En palabras de Martínez López-Muñiz, la agrupación escolar por razón de sexo puede ser admitida si la autoridad pública satisface la carga de justificar su necesidad y su razonable finalidad, sin excluir a las personas de un sexo u otro de poder cursar estudios de determinado tipo y con medios de similar calidad.

La justificación razonable exigida por la jurisprudencia para justificar un trato diferenciado en estos casos se encuentra en argumentos científicos (sobre los diferentes ritmos de maduración cognitiva entre los sexos), pedagógicos (acerca de las diferentes formas de aprendizaje y comportamiento de los sexos) y prácticos (con un ambiente con menos distracciones y más relajado y homogéneo donde la docencia resulta más sencilla); así como en los resultados experimentados con mejoras patentes, no solo en disciplina y rendimiento académico (demostradas en estudios y estadísticas), sino también en configuración de la personalidad (mayor capacidad de liderazgo, más autoestima, mayores expectativas profesionales, más respeto hacia el sexo opuesto, rechazo de estereotipos…).


2. Legalidad de la educación single-sex.

El Título IX y la No child Behind Act 65 El Título IX de la legislación en materia educativa constituye probablemente la norma con mayor impacto en el sistema educativo federal norteamericano hasta la actualidad. Aprobada por la administración Nixon en 1972, esta norma prohibió cualquier discriminación por razón de raza o sexo en centros educativos que recibieran financiación pública (por lo tanto no afectaba a los centros estrictamente privados).

Durante años, el Departamento de Educación, en concreto la Oficina de Derechos Civiles (Department of Education’s Office of Civil Rights; OCR) se encargó de su aplicación, prohibiendo la educación diferenciada por sexo en los centros subvencionados, con ciertas excepciones, como los Boys-Scouts (exentos del pago de impuestos) y para determinadas clases, como las de deporte y educación sexual. El motivo de tal prohibición era principalmente que en la década de los 70 la educación era todavía curricularmente diferente para niños y para niñas y no garantizaba objetivamente la igualdad de oportunidades, sino que, por el contrario, preparaba a las niñas para permanecer en el ámbito privado, mientras dotaba a los muchachos de las habilidades precisas para desenvolverse en el mundo profesional y público; trato a todas luces discriminatorio para el sexo femenino.

No obstante, la doctrina de los Tribunales federales consideró que los colegios diferenciados por sexo no violaban las previsiones del Título IX siempre que esas diferencias curriculares desaparecieran y existiera una oferta equivalente para el otro sexo. Así, en el caso Williams v. McNair, el Tribunal apoyó el centro femenino Winthrop en Carolina del Sur, dada la existencia de otro equivalente para muchachos. En el caso Vorchheimer v. School District of Philadelphia, la Corte tercera aprobó la existencia de institutos separados para chicos y para chicas ya que ambos ofrecían los mismos estándares educativos. En Kirsein v Rector & Visitors, un Tribunal de distrito federal decidió que la Universidad de Virginia debía aceptar mujeres, no porque la educación single sex fuera inferior en calidad o inconstitucional, sino simplemente porque en ese Estado las mujeres no tenían una oferta similar.

Bajo la presidencia de G.Bush, se consideró que, una vez alcanzada la igualdad formal en curriculums, metas, objetivos y exigencia académica entre niños y niñas en el sistema educativo norteamericano, estaban listos para experimentar con nuevos modelos pedagógicos con el objetivo prioritario de garantizar una igualdad de oportunidades real, pudiendo ser la educación diferenciada por sexo una forma realista de lograrlo, al atender con especial intensidad a las necesidades y peculiaridades propias de cada alumno y alumna. Como afirmaba, la entonces Senadora Hillary Clinton: «No debería haber ningún obstáculo para ofrecer clases single-sex en los colegios públicos de EEUU… Debemos tener en cuenta los logros de estos colegios a lo largo y ancho de nuestro país. Sabemos que este modelo está favoreciendo e impulsando a los estudiantes y también a los padres. Por ello debería haber más centros escolares de este tipo…».

En palabras de la Senadora demócrata Barbara Mikulski: «Las últimas investigaciones científicas afirman reiterativamente que los niños y las niñas tienen diferentes formas de aprender y esta diferencia debe ser respetada. Sus detractores consideran que estos programas generan dañinos estereotipos de género, cuando la realidad es que el objetivo prioritario de las clases single-sex es precisamente acabar con tales estereotipos».

En el 2001, el Título IX fue objeto de revisión por medio de la aprobación de la No Child Left Behind Act (NCLB), que adaptó la norma a la doctrina del Tribunal Supremo expuesta. Ese mismo año, la senadora republicana Kay Bailey Hutchison de Texas, y la senadora demócrata Hillary Clinton, junto a otros senadores, en una iniciativa bipartidista, presionaron para modificar y desarrollar la normativa precisa de cara a fomentar la experimentación con clases single-sex en las escuelas públicas, considerando que este modelo, no sólo favorecería la mejora en el rendimiento académico, sino que además suponía ampliar las opciones de los padres en la elección del modelo educativo que desean para sus hijos.

El apoyo político a la reforma fue prácticamente unánime, como lo expresó la Senadora Susan Collins: «Hace tiempo que era precisa esta reforma (de la Ley federal que promueve los colegios diferenciados por sexo) para corregir la incorrecta interpretación que se ha venido realizando del Título IX de la Ley de 1972… De este modo, se concede a los colegios la flexibilidad que necesitan para diseñar y ofrecer clases single-sex cuando el centro escolar decida que este tipo de docencia separada por sexo concederá a los estudiantes mayores oportunidades para alcanzar objetivos y metas más elevados…».

Por fin, el 25 de octubre de 2006, se aprobó una norma que desarrollaba la Ley de 2001 con el fin de dotar a los distritos escolares de mayor libertad en la implementación de estos innovadores programas, que cuentan con la asistencia técnica del Gobierno de los EEUU y cuyo coste puede llegar a estar cubierto al 100% por los recursos federales (incentivos fiscales y otras ayudas económicas). A cambio, la Administración fijó estrictas metas de rendimiento y rigurosos criterios académicos, realizando cada cinco años un exhaustivo control ex post (National Assessment of Educational Progress); y renovando la autorización únicamente cuando los resultados alcanzados fueran claramente positivos.

Amparados por esta nueva norma, cualquier centro público o que reciba financiación pública, puede transformarse en un colegio diferenciado por sexo o permanecer mixto pero ofreciendo simultáneamente clases single-sex para determinadas asignaturas y edades, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. Debe existir un motivo razonable
que justifique la implementación del programa de clases single-sex. Por ejemplo, la necesidad de mejoras académicas ante un elevado porcentaje de fracaso escolar o problemas serios de disciplina. Esta motivación deberá guiar la creación del programa «ad hoc» haciendo referencia expresa al curso en el que se aplicará (generalmente se está aplicando en 6º, 7º y 8º grado); las materias afectadas (normalmente, matemáticas y lengua) y si la oferta se realizará para niños, para niñas o para ambos sexos.

Si la oferta se realizara solo para uno de los sexos, entonces el colegio debe motivar detalladamente por qué y debe demostrar que tiene la capacidad de satisfacer las necesidades educativas del otro sexo por medio de clases mixtas de una calidad similar.

2. El programa debe ser implementado aplicando siempre rigurosos criterios de igualdad en cuanto a los medios y fines en las clases de niños y niñas. Es decir, las expectativas, políticas y procedimientos de promoción y disciplina deberán ser los mismos para ambos sexos.

3. La matrícula en clases single-sex será siempre absolutamente voluntaria
. Es una opción educativa a la que los padres podrán adherirse con entera libertad. Para ello, deberán ser previamente informados en profundidad acerca de este modelo y sobre cuáles son los potenciales beneficios de este sistema pedagógico.

4. Los alumnos que no formen parte de un programa de clases single-sex deberán recibir en las aulas mixtas el mismo tipo de educación desde el punto de vista cualitativo.
Esto significa que será igual, por lo menos, en cuanto a: los criterios de admisión a la escuela; criterios curriculares; disponibilidad de textos escolares; medios tecnológicos; accesibilidad geográfica; fuentes de formación y calificaciones. Sin necesidad, como ha señalado la jurisprudencia, de que sea idéntico.

5. Los colegios que oferten clases single-sex para un único sexo, deberán tomar las medidas adecuadas para ofrecerlas también al sexo opuesto en cualquier momento en que un número razonable de alumnos lo solicite.

6. Cada dos años el colegio, deberá realizar evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de los objetivos que justificaron la implementación del programa.

Las experiencias diferenciadas en centros públicos han crecido considerablemente al amparo de esta Ley que además permite que este tipo de centros, a pesar de ser públicos, puedan recibir financiación adicional, aportaciones económicas y donaciones de entidades y sujetos privados deseosos de apoyar estos proyectos. Gracias a lo cual se han podido abrir varios centros femeninos y masculinos en Bronx, Queens y también en Chicago, Philadelphia, Dallas y Austin, en los que se están alcanzando tasas de éxito escolar antes impensables entre minorías desfavorecidas.

LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA. UNA OPCIÓN DE LIBERTAD

De conformidad con la normativa vigente, como hemos señalado, la matrícula en clases single-sex será siempre absoluta y completamente voluntaria («completely voluntary») para los padres, que podrán adherirse con entera libertad, tras ser previamente informados en profundidad acerca de este modelo pedagógico y sobre cuáles son sus potenciales beneficios. «La legalidad y constitucionalidad de este modelo educativo radica principalmente en que se trata de una opción voluntaria por parte de los padres. De hecho los padres que envían a sus hijos a este tipo de centros lo hacen con pleno convencimiento de que es lo mejor para ellos, aceptando la separación por sexos con entusiasmo».

Como afirman unánimemente la senadora republicana Bailey Hutchison y la demócrata Mikulski: «La Ley de 2001 no obliga a que los alumnos sean educados en programas o colegios single-sex. Simplemente permite a los colegios ofertar este modelo educativo, siempre y cuando las oportunidades sean las mismas para niños y para niñas».

La imposición del Departamento de Educación, en cumplimiento del Título IX, de que las clases single-sex sean «completamente voluntarias» significa que debe existir por parte de los padres involucrados un inequívoco deseo de participar, manifestado de forma expresa.

En la reciente Sentencia de 29 de agosto de 2012, el Tribunal de Distrito de West Virginia, resolviendo el recurso presentado por la ACLU contra el programa single-sex del colegio público Van Devender Middle School, insistió en la importancia de que los programas single-sex sean absolutamente voluntarios para los padres. Lo que significará que éstos deberán realizar una declaración expresa, un pronunciamiento claro y explícito, que muestre que han optado y elegido libremente este modelo educativo para sus hijos.

El Tribunal entiende que los padres no deben tener la carga de declararse expresamente en contra para ser excluidos de los programas single-sex. Asimismo, su silencio o pasividad no puede en ningún caso entenderse como inclusivo, presumiéndose su deseo de formar parte del programa diferenciado. Antes al contrario, en ausencia de una declaración expresa de deseo de inclusión en el programa single-sex, el estudiante permanecerá en el sistema mixto, que deberá además ofrecer un modelo docente sustancialmente igual al diferenciado (sin entrar el Tribunal a decidir en qué deberá consistir exactamente tal modelo).

Según el Tribunal, para asegurar que la participación en clases single-sex es completamente voluntaria, el centro escolar deberá notificar a los padres y estudiantes su derecho a optar libremente por las clases diferenciadas o las clases mixtas, y los padres o tutores deberán dar su autorización expresa —preferentemente por escrito— en la que manifiesten con claridad el deseo de que sus hijos participen en las clases single-sex.

Será pues contrario al Título IX de la Ley, entender que todos los padres quedan incluidos en un programa single-sex automáticamente salvo que expresen lo contrario, pues este sistema no cumpliría, según el Tribunal, los estándares de «completa voluntariedad» de la opción single-sex previstos por la normativa al respecto.

El silencio con efectos inclusivos es efectivo y admisible como sustitutivo de una declaración expresa en algunos supuestos legales, como sucede con las «class actions» (todos los afectados se presumen automáticamente incluidos en la acción salvo que expresen su deseo de ser excluidos), pero es absolutamente intolerable en relación con las clases single-sex, pues vulneraría el propósito del Título IX de prevenir las discriminaciones por razón de sexo. Es decir, los padres deben expresar su deseo de participar en el programa single-sex; no su deseo de quedar fuera del mismo (porque se les haya presumido ex ante conformes con tal iniciativa). La ausencia de este requisito se entendería una violación del Título IX.


OPOSICIÓN A LOS COLEGIOS SINGLE-SEX


La educación diferenciada en EEUU no está exenta de críticas y argumentaciones en contra88. Ante los Tribunales, la oposición más fuerte es representada por la ACLU. Esta asociación, en sus recursos, sigue aludiendo de forma reiterada al caso Brown v. Board of Education (1954); considerando que separar por sexo en las escuelas es tan inconstitucional y discriminatorio como separar por raza. Sin embargo, el TS, como ya indicamos, en su Sentencia United States v. Virginia (1996) dejó claro que no es así: «El Tribunal Supremo nunca ha mantenido que la separación por sexo en las escuelas públicas —a diferencia de la separación por raza— sea per se inconstitucional...». Muchos años antes, el Juez Powell explicó en Regents of California vs. Bakke (1978), que el Tribunal Supremo nunca ha extendido el rígido escrutinio total de la enmienda decimocuarta a las querellas sobre discriminación por motivos del sexo porque el Tribunal no ve tal discriminación como «inherentemente odiosa», comparada con la larga y trágica historia de la discriminación racial.

Como señaló la justicia federal en el caso A.N.A. et al. v. Breckinridge County Board of Education (2011): «El término segregar, tal y como ha sido utilizado históricamente, significa causar o forzar la separación de un grupo (como sucedió con la separación racial o por clase social) del resto de la sociedad». Sin embargo, los colegios diferenciados por sexo no «segregan» a sus estudiantes como los demandantes, en concreto la ACLU, pretenden hacer creer de forma reiterada, sino que, por el contrario, conceden a los padres la libre opción de elegir clases single-sex o mixtas para sus hijos.

En otra reciente sentencia del Tribunal de Distrito de West Virginia, de 29 de agosto de 2012, el juez, saliendo al paso de las pretensiones de ACLU de que se considerase inconstitucional y prohibida en todo caso la educación diferenciada en las escuelas públicas y en las financiadas con fondos púbicos, confirmó la legitimidad de este modelo educativo, y recordó que, como ya señaló la jurisprudencia en sentencias anteriores: los programas single-sex, como una opción libre de los padres, en escuelas públicas, no se pueden presumir ipso facto dañinos para los estudiantes; como, sin embargo, sí sucede con la separación por raza.

En palabras de la profesora Salomone, la separación racial no es en absoluto comparable con la diferenciación por sexo, pues ésta es siempre y en cualquier caso voluntaria y querida por los padres, mientras que la segregación por raza que se producía hace décadas en algunos centros escolares era impuesta de manera forzosa y absolutamente en contra de su voluntad.

El Tribunal Supremo en diversas ocasiones se ha opuesto radicalmente a las pretensiones de la ACLU, manteniendo que la diferenciación por sexo en las escuelas es admisible y constitucional en un sistema educativo que pretende favorecer la pluralidad y diversidad de opciones y oportunidades educativas; siempre y cuando se cumplan los estrictos requisitos previstos en la regulación de 2006.

Además, paradójicamente, la educación separada por sexo ha sido especialmente incentivada por grupos de defensa de los derechos civiles de minorías, que lo consideran un modelo óptimo para superar el déficit educativo histórico de afroamericanos y latinos. De hecho, las experiencias en este sentido, amplia y expresamente apoyadas por el Presidente Obama y el Secretario de Educación Duncan, están dando magníficos resultados que superan todas las expectativas.

Las argumentaciones jurídicas de los detractores de la educación singlesex, basadas en la supuesta segregación o discriminación entre los sexos, que resultaban defendibles en los años 60 y 70, no se sostienen actualmente en unas escuelas diferenciadas que ofrecen los mismos medios, programas y currículums, y pierden toda su base a la luz de los óptimos resultados académicos y personales que este modelo pedagógico está proporcionando, tanto para los niños, como para las niñas, especialmente entre minorías históricamente desfavorecidas.


CONCLUSIÓN. LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO DOCENTE.


Stephanie Monroe, encargada de la defensa de los derechos civiles en el Departamento de Educación, explica que el apoyo a los colegios e institutos públicos single-sex, se debe en gran parte a la necesidad de que el acceso a este tipo de centros no sea una opción elitista, sólo asumible por familias capaces de pagar un centro privado. Esta posibilidad debe extenderse a toda la población sea cual sea su nivel de ingresos. Si la educación diferenciada está dando buenos resultados ¿por qué reservarla sólo a aquella parte de la población que puede pagarla?

En palabras de la senadora Hutchison: «Estamos intentando ofrecer más opciones a la escuela pública; posibilidades que están disponibles en los centros privados…porque queremos colegios públicos capaces de ofrecer programas que se adapten mejor a las necesidades de los estudiantes en cualquier área. A veces, en ciertas circunstancias, encontramos que tanto las niñas, como los niños, lo hacen mejor en ambientes single-sex… Rompen las barreras… Es necesario abrir estas opciones para los colegios públicos(…) nuestro objetivo a largo plazo es hacer que la educación diferenciada por sexo sea una opción accesible para todos los niños, no solo para aquellos cuyos padres pueden permitirse el lujo de pagar un centro privado».

Según Salomone, con que solo unos cuantos alumnos salieran beneficiados ya sería una justificación suficiente para ofertar este modelo educativo en igualdad de condiciones a todos, y no solo a aquellas familias con capacidad económica para pagar un centro privado. «La educación diferenciada es un asunto en el que los principios esenciales de la libertad individual (libertad de elección) y la igualdad (en forma de igualdad de oportunidades) son claramente recognoscibles y resultan mutuamente reforzados…Si la igualdad es realmente un objetivo fundamental de la educación pública, entonces los colegios públicos deberían poder permitirse el lujo de superar sus desventajas históricas concediéndoles las mismas oportunidades que históricamente han tenido los colegios privados (como la de ofrecer clases single-sex)».

Como señaló William Rehnquist, Juez del Tribunal Supremo de los EEUU, en el caso U.S. v. Virginia (1996), «Son abundantes las pruebas que muestran que la educación diferenciada por sexo es beneficiosa pedagógicamente para algunos estudiantes… esto justificaría suficientemente el empeño de algunos Estados en promover su implantación».


Si algo es evidente, es que lo que es bueno para los ricos también lo es sin duda alguna para aquellos con menor poder adquisitivo, a los que, en consecuencia, se debe dar esta oportunidad si así lo demandan. Estamos presenciando la implantación seria y definitiva de un nuevo modelo pedagógico, cuya fuerza arranca de sus propias ventajas, demostradas empíricamente, y de su fuerte aceptación social, al margen de ideologías, creencias o tendencias; lo que ha llevado a republicanos y demócratas a aunar sus esfuerzos en apoyo de la educación diferenciada, en la medida en que supone ampliar las opciones de los padres y conceder una oportunidad a minorías hasta ahora desfavorecidas en el ámbito educativo.

La clave del éxito de la educación diferenciada, afirman los expertos, radica en el equilibrio entre el reconocimiento de la diferencia y la garantía de la igualdad de oportunidades entre sexos.

La educación separada por sexo es una magnífica opción pedagógica y educativa. Pero no es la única opción válida, como tampoco debería serlo la educación mixta. Ningún modelo es perfecto para todos los alumnos. La diversidad y la pluralidad de modelos educativos es la fuerza que vertebra la verdadera libertad de enseñanza. Es obligación de los poderes públicos hacer posibles todas las ofertas educativas y dar a quien lo desee la oportunidad de realizar al máximo sus posibilidades dentro de la opción libremente escogida. Siempre constituirá un enriquecimiento para la oferta educativa poder contar con el mayor número de opciones posibles. Cada familia debería poder ver satisfechas sus preferencias con independencia de su nivel económico. Lo importante es que exista la posibilidad de decidir un sistema u otro con entera libertad. Se trata de debatir sobre qué es lo mejor para nuestros hijos, dar información a los padres y concederles el derecho de elegir libremente una de las opciones. Está en cuestión la propia libertad de educación. Una sociedad plural y democrática exige asimismo una pluralidad de opciones educativas. La Administración no solo no puede decidir por ellos, sino que, por el contrario, tiene la obligación de favorecer el ejercicio de este derecho por parte de los padres, abriendo el abanico de opciones educativas al máximo posible.

En 2007, el Departamento de Educación de los EEUU, en un minucioso estudio, tras la consideración de las 40 mejores investigaciones realizadas, seleccionadas entre 2000 investigaciones que comparaban la educación diferenciada y la mixta, llegaba a la siguiente conclusion: «La educación diferenciada por sexo es una práctica educativa muy prometedora… Tenemos razones de peso para concluir que la educación single-sex ayudará a mejorar los resultados académicos de los alumnos en los EEUU».

Descargar pdf

Educar e informar a toda la masa del pueblo… Se trata de la dependencia único seguro para la preservación de nuestra libertad

TWITTER