Llevo un cuarto de siglo dedicado a la enseñanza. Casi todos esos años
en la enseñanza pública, donde vuelvo a encontrarme en la actualidad.
Durante cuatro años he trabajado en la educación diferenciada. En ambos
tipos de centros he sido director y profesor. Sobre uno y otro modelo
educativo me parece que puedo tener una opinión más o menos formada.
Intentaré manifestarla, por si sirve, ante la particular borrasca que
sufre la materia en nuestra comunidad.
Mi conclusión acerca de ambos formatos resulta clara: los dos
son respetables, ofrecen ventajas e inconvenientes y se manifiestan
útiles.
Puesto que la polémica, que lleva camino de conducir a la
eliminación de esos centros subvencionados en Andalucía, implicará un
grave perjuicio a los alumnos y alumnas que acuden a esos centros
educativos, me gustaría desmentir tres afirmaciones:
Primera, en ningún momento la educación diferenciada implica segregación
como pretenden indicar aquellos que la critican. Llamar a alguien de
modo distinto a como se presenta ya me parece un acto de mala conciencia
y falta de diálogo. Segregar (algo que nos suena al apartheid)
es rechazar a personas. La mayoría de estos centros tienen un
equivalente masculino o femenino. A nadie que quiera optar por este
modelo de enseñanza, sea varón o mujer, le faltará donde obtener su
plaza. Si segregar es diferenciar, establecer criterios, también
nosotros segregamos en la enseñanza pública. Por ejemplo, por edad. En
mi centro no podemos admitir a un alumno de 20 años o de 8. ¿Segregamos?
En segundo término, tampoco se trata de una enseñanza que
propicia la violencia contra la mujer. Eso es un gran error. Llevo más
de veinte años trabajando en ética acerca de la problemática de la
igualdad y he encontrado, por desgracia, más dificultades entre los
alumnos de centros públicos que entre los de la diferenciada. De hecho,
el sentido, la razón de la educación diferenciada, radica en la
diversidad de ritmos madurativos y de aprendizaje entre varones y
mujeres desde la preadolescencia a la juventud. Esas diferencias existen
y nadie las cuestiona con un mínimo de rigor.
Les pondré un ejemplo que he comprobado estadísticamente en
estos años. En el final de la Secundaria y el Bachillerato, cuando se
forman grupos de alumnos libremente, son siempre grupos (pequeños y
grandes) de chicos o de chicas. Sólo se forman agrupaciones estables de
índole coeducativa por tres motivos: porque algunos salen juntos, porque
proceden de la exclusión de los demás (no han llegado a tiempo a formar
el grupo que querían o son alumnos con alguna dificultad de
integración), o porque yo mismo he fomentado que los grupos integren
chicos y chicas.
En igual línea, ahora, cuando escribo, nos encontramos en un
momento sin clase, porque los alumnos de 2º de Bachillerato se van a
hacer la tradicional foto para la orla. Mientras los llaman, están en el
aula conmigo. Las chicas han venido muy arregladas; los chicos igual
que todos los días. Los chicos están hablando de sus temas; las chicas
se hacen fotos unas con otras para ponerlas en las redes sociales. No se
mezclan necesariamente. Unas veces lo hacen, otras no. Me gustaría
sacarles una foto del recreo. Podrían comprobarlo.
En tercer lugar, y esto parece probablemente lo más triste, los
centros a los que se va a dejar sin subvención no son elitistas. Claro
que hay centros elitistas (en cuanto que exigen a los padres pagos
superiores) de este tipo, como los hay coeducativos. Ni más ni menos.
Pero los que han quedado en el ámbito concertado son centros a los que
van alumnos y alumnas de extracción humilde, cuyos padres se han
movilizado para defender esos centros tal como están ahora. No hay
excusas sociales, sólo ideológicas.
La educación permite modelos diferentes según prefieran los
padres, tal como recoge expresamente la Constitución. Tras años de
llevarlos a los tribunales, no se ha conseguido que se declare
improcedente este tipo de educación. Se ha logrado una triquiñuela legal
-no tiene otro nombre- para que los tribunales reconozcan que no hay
obligación de subvencionar esos centros (como no la hay de subvencionar
centros bilingües o centros para la enseñanza o el perfeccionamiento de
la informática. Al igual que no hay obligación de subvencionar el
Bachillerato o la Formación Profesional superior). Esto es un aviso para
navegantes.
Si se consolida la decisión en pro de retirar esas subvenciones,
el resultado habrá de ser una pérdida para el conjunto de la sociedad.
Se trata de centros que funcionan bien, que demuestran la conveniencia
de permitir ciclos diferentes de ayuda. Sólo el fanatismo impide
advertir esta realidad, que da a nuestra educación la pluralidad y
libertad que necesita. Tengo para mí que nos arrepentiremos de tan
desigual solución.
Miguel Ángel García Mercado
Doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla.
Licenciado en Teología por la Universidad de Navarra
Profesor de EEMM en la educación pública por oposición (desde 1989)
Catedrático de Filosofía (desde 2000)
Profesor Ordinario del Seminario Diocesano de Cádiz (desde 2002)
Coordinador del Seminario Permanente de Filosofía de la provincia de Cádiz (desde 2007).
Miembro de la ponencia de selectividad (desde 2007)
Secretario del Ies Isla de León (San Fernando) 1992-1996
Director del Ies La Caleta (Cádiz) 1996-2000/2009-10
Director del Colegio Guadalete (Puerto de Santa María) 2000-2004.
Actualmente es profesor del IES Fuerte de Cortadura (Cádiz).
Es profesor asociado de la Universidad Nacional a Distancia con la venia docendi por oposición pública (2012).
Ha escrito 14 libros (en solitario o en colaboración) relacionados con su profesión.
39 artículos publicados.
Ha participado en más de 200 conferencias o mesas redondas sobre temas docentes, morales y pedagógicos.
Más de mil quinientas horas de formación en temas pedagógicos.
Site: https://sites.google.com/site/filosofiamiguelangel/